El bar "La Tombola" fue testigo del asesinato de 8 personas el pasado 17 de octubre de 2009. El autor de éstos hechos fue identificado como Alexis Candelario Santana, el cuál también se le acusó de cometer otros 14 asesinatos. El delincuente ya había sido declarado culpable en el 2003 por varios asesinatos en segundo grado lo que le costó una pena de 12 años de prisión, aunque sólo cumplió la mitad por un controvertido acuerdo judicial. Esta semana el jurado volvió a retomar el caso para dictar una sentencia final. El jurado, el cual estaba compuesto por 12 personas, no pudo ponerse de acuerdo en cuanto si debería ser acusado con la pena de muerte o no. Como no hubo unanimidad para determinar la pena capital como condena, se le sentenció con cadena perpetua.
Lo mas que llamó la atención del público sobre éste caso fue la posible condena capital sobre Alexis Candelario Santana. Gran parte de la población se dividió entre los que apoyaban la posible condena y los que estaban en su contra. Bajo la Constitución de nuestro país está claramente prohibida la pena de muerte pero es posible si se ejecuta en los Estados Unidos de América. Dicha posibilidad está especificada en la Ley federal estadounidense de Pena de Muerte de 1994 en donde indica que se puede hacer sentencia de muerte pero no ejecutarla en nuestro territorio. La última vez que la pena capital fue ejecutada en la isla fue para 1927 bajo una ley que se abolió años después.
Muchos argumentos concluyen con el comentario de que si un país tiene la pena de muerte legal provocará una reducción de hechos delictivos. La realidad de todo ésto es que no es así. En los países en donde se continúa ésta práctica no hay datos sobre alguna disminución del crímen. Todo señala a que el porcentaje de criminalidad se queda relativamente igual. En la actualidad existen 23 países en donde se continúa condenando delincuentes a la pena capital. Desde 1990, más de 40 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Incluso, en el 1988, las Naciones Unidas llegaron a la siguiente conclusión: "No es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior". Con ésto podemos ver que la llamada pena capital es un acto que no es aceptado en muchos lugares del mundo.
El delincuente comete sus fechorías motivado por "x" o "y" razón mientras que el Estado lo procesa judicialmente. ¿Tiene derecho el sistema de gobierno hacer justicia con los mismos actos que cometió el criminal? Lo cierto es que ni el Estado ni el delincuente tienen derecho de privar de la vida a un ser vivo.
